El martes, el Comité Judicial del Senado aprobó un proyecto de ley que obligaría a todos los sheriffs de Carolina del Norte a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que posiciona la propuesta un paso más cerca de convertirse en ley.
House Bill 10 fue aprobado en la Cámara de Representantes el año pasado bajo la dirección del patrocinador principal, el representante Destin Hall, republicano por Caldwell. Durante la reunión del martes, Hall explicó a los senadores que están considerando la legislación que una orden de detención es una herramienta de seguridad pública común que ICE utiliza para expulsar a los no ciudadanos que han sido arrestados por actividad criminal. Dijo que alrededor de 90 alguaciles de Carolina del Norte cooperan voluntariamente con las órdenes de detención de ICE, que existen desde la década de 1950. Sin embargo, un pequeño número de alguaciles en lo que coloquialmente se denominan “condados santuario” ignoran las solicitudes de retención de ICE.
“Como todo el mundo sabe, hay un pequeño número de sheriffs, probablemente alrededor de 10 ahora, que no respetan las órdenes de retención de ICE”, dijo Hall. “Y de hecho, en muchos casos, según gente de ICE y otros, algunos sheriffs simplemente ni siquiera se comunican con ICE en absoluto. Es un proyecto de ley de sentido común. He estado lidiando con este tema durante cinco o seis años y todavía, para mí, es sorprendente que tengamos que tener un proyecto de ley como este. Me parece de sentido común que las fuerzas del orden cooperen entre sí y que su primer objetivo sea la seguridad pública”.
Tras la presentación de Hall, varios oradores se pronunciaron a favor y en contra del proyecto de ley. El sheriff del condado de Rockingham, Sam Page, coopera plenamente con ICE y respeta cualquier orden de detención presentada. Habló ante el comité en apoyo del proyecto de ley, mencionando la muerte evitable del estudiante universitario de Georgia Laken Riley, quien fue asesinado por un inmigrante ilegal que había sido liberado después de su arresto.
Por otro lado, varios oradores en representación del NC Justice Center, El Pueblo, y un portavoz del sheriff del condado de Wake, Willie Rowe, denunciaron el proyecto de ley.
“Tenía 10 años cuando aprendí por primera vez lo que significaba ser indocumentado”, dijo Andressia Ramírez del Centro de Justicia de Carolina del Norte. “También fue cuando mi madre y yo creamos un plan de emergencia sobre lo que debía hacer si alguna vez la detenían por conducir sin licencia mientras nos llevaba a la escuela y la deportaron”.
El senador Danny Britt, republicano por Robeson, aclaró que la HB 10 sólo abordaría a los delincuentes encarcelados por actividades delictivas. Los departamentos de policía tendrían que retener a una persona por hasta 48 horas hasta que lleguen los oficiales de ICE y tomen la custodia.
“Esto no afectará a las personas que son detenidas por infracciones de tránsito menores”, dijo Britt. “Sin esa buena gente trabajadora del este de Carolina del Norte, la industria agrícola y la industria de la construcción cerraría. Eso no es lo que hace este proyecto de ley. Se trata de delincuentes violentos que han sido deportados por actos violentos. Y estoy agradecido de que hayan presentado este proyecto de ley una vez más y espero que esta vez crucemos la línea de meta”.
Los funcionarios de ICE dijeron recientemente al Carolina Journal que disfrutan de un fuerte apoyo de la gran mayoría de los socios encargados de hacer cumplir la ley en Carolina del Norte. Sin embargo, un pequeño número de jurisdicciones no trabajan con ICE. En particular, seis condados de Carolina del Norte tienen regulaciones o políticas que obstruyen la aplicación de la ley de inmigración y protegen a los delincuentes del ICE: Orange, Durham, Mecklenburg, Wake, Buncombe y Forsyth. Si bien solo hay seis condados, aquellos con una política de no cooperación con ICE representan gran parte de los centros de población más grandes del estado.
El sheriff del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, está abiertamente en contra de honrar las órdenes de retención de ICE. En una entrevista reciente con el Carolina Journal, McFadden argumentó que una orden de retención es ilegal y obliga al departamento de policía a eludir la orden de un juez. Hall dijo que esas preocupaciones sobre la constitucionalidad se abordan a través de este proyecto de ley porque se convierte en una orden judicial.
“He escuchado a algunos de los sheriffs, una y otra vez, darnos una orden judicial, darnos una orden judicial, darnos un proceso judicial”, dijo Hall. “Bueno, eso lo tienes en este proyecto de ley”.
McFadden le dijo anteriormente al Carolina Journal que si se aprueba la HB 10, no tendrá más remedio que cumplir con la ley. “Si se aprueba y se convierte en ley, tendremos que cumplirla”, dijo. “Así que imagínate, vas a crear una ley para deshacerte de otra ley. Eso ya no tiene sentido”.
El comité del Senado también aprobó una enmienda al proyecto de ley para proporcionar un mecanismo de aplicación. Permitirá a cualquier persona, incluida una agencia federal, presentar una queja ante el Fiscal General de Carolina del Norte, alegando que el sheriff o el administrador de la cárcel no han cumplido con la norma.
El comité remitió la legislación al comité de reglas para los próximos pasos. La oficina del líder del Senado, Phil Berger, ha confirmado que está a favor de aprobar la legislación en esta sesión, ya que los datos muestran que el principal tema de los habitantes de Carolina del Norte de cara a las elecciones presidenciales de 2024 es la inmigración.
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