Jackson se suma a otros fiscales generales demócratas que demandan por la orden de ciudadanía por nacimiento de Trump

El fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson, se ha unido a los demócratas que se desempeñan como fiscales generales en otros 17 estados y el Distrito de Columbia en una nueva demanda federal que impugna la orden ejecutiva del presidente Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento.

La demanda presentada en un tribunal federal de Massachusetts también cuenta con el apoyo del fiscal de la ciudad de San Francisco. Una demanda federal separada eleva a 22 el número total de estados que impugna la orden de Trump.

“Los demandantes presentan esta acción para proteger a sus estados, localidades y residentes del intento flagrantemente ilegal del presidente de despojar a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos de su ciudadanía en función de su paternidad”, según la demanda.

Laura Howard, fiscal general adjunta en jefe de Jackson, y el fiscal general adjunto asociado Daniel Mosteller se encuentran entre los abogados que apoyan la demanda. Otros estados que participan en la demanda son California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Rhode Island, Vermont y Wisconsin. Una demanda separada presenta a Arizona, Illinois, Oregón y Washington como demandantes.

“El principio de la ciudadanía por derecho de nacimiento ha estado consagrado en la Constitución durante más de 150 años”, continúa la demanda respaldada por la oficina de Jackson. “La Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda confiere de manera inequívoca y expresa la ciudadanía a ‘todas las personas nacidas’ y ‘sujetas a la jurisdicción’ de los Estados Unidos. Hace más de 125 años, la Corte Suprema confirmó que esto otorga a un niño nacido en los Estados Unidos de padres no ciudadanos el derecho a la ciudadanía automática”.

“Posteriormente, el Congreso modificó ese entendimiento en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. § 1401). Y el Poder Ejecutivo ha reconocido desde hace mucho tiempo que cualquier intento de negar la ciudadanía a los niños en función de la ciudadanía o el estatus migratorio de sus padres sería ‘incuestionablemente inconstitucional’”, agrega la demanda.

El presidente Trump ahora busca derogar este principio constitucional bien establecido y de larga data por decreto ejecutivo. Apenas horas después de asumir el cargo, firmó una orden ejecutiva titulada ‘Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense’… que declara que la ciudadanía por derecho de nacimiento no se extiende a ningún niño nacido en los Estados Unidos de una madre que se encuentre ilegalmente presente o legalmente presente de manera temporal y un padre que no sea ciudadano estadounidense ni residente permanente legal. Sobre la base de esta declaración ilegal, el presidente prescribe que el gobierno federal no emitirá ni reconocerá ningún documento que reconozca la ciudadanía para ningún niño nacido después del 19 de febrero de 2025”, escribieron los fiscales generales demócratas.

“El presidente no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional o un estatuto debidamente promulgado. Tampoco está facultado por ninguna otra fuente de derecho para limitar quién recibe la ciudadanía estadounidense al nacer”, argumentó la denuncia.

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